José Luis Duarte Rivera José Luis Duarte Rivera Author
Title: Israel: 50 años de abusos asociados a la ocupación
Author: José Luis Duarte Rivera
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Niños beduinos de la escuela palestina caminan hacia sus tiendas en el campamento beduino ubicado afuera del asentamiento israelí de Cisjo...
Niños beduinos de la escuela palestina caminan hacia sus tiendas en el campamento beduino ubicado afuera del asentamiento israelí de Cisjordania de Ma'ale Adumin; el 15 de septiembre de 2010. Israel no reconoce las demandas de propiedad de los beduinos y ha demolido casas y escuelas en la zona. © 2010 Abbas Momani/AFP/Getty Images
A 50 años de haber ocupado Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel controla estas áreas a través de represión, discriminación institucionalizada y violaciones sistemáticas de los derechos de la población palestina, señaló hoy Human Rights Watch.

La ocupación está marcada por al menos cinco categorías de graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario: ejecuciones ilegales; desplazamiento forzado; detención abusiva; cierre de la Franja de Gaza y otras restricciones injustificadas a la circulación; y el desarrollo de asentamientos, junto con políticas discriminatorias en detrimento de la población palestina.

Muchas de las prácticas abusivas de Israel se llevaron a cabo invocando motivos de seguridad. Grupos armados palestinos han perpetrado numerosos atentados letales contra civiles y lanzado miles de proyectiles en áreas civiles israelíes, también en violación del derecho internacional humanitario.

“Ya se trate de un niño llevado a prisión por un tribunal militar o al que le han disparado injustificadamente, de una casa demolida por no tener un permiso muy difícil de conseguir, o de retenes donde solo se permite el paso a los colonos, pocos palestinos han podido evitar ser víctimas de graves violaciones de derechos durante estos 50 años de ocupación”, observó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Actualmente, Israel mantiene un sistema arraigado de discriminación institucionalizada contra los palestinos en el territorio ocupado, y esta represión va mucho más allá de cualquier criterio de seguridad”.

A medida que se inicia el segundo medio siglo de ocupación, la atención debe ser puesta en incrementar la protección de los derechos de la población del territorio ocupado, señaló Human Rights Watch.

Ejecuciones ilegales y crímenes de guerra
Tan solo en los últimos tres conflictos en Gaza (2008-2009, 2012 y 2014), soldados israelíes mataron a más de 2.000 civiles palestinos. Muchos de estos ataques constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, pues no se toman todas las precauciones posibles para salvaguardar a la población civil. Algunos constituyen crímenes de guerra, incluido el ataque deliberado de estructuras claramente civiles.

En Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes han aplicado sistemáticamente el uso excesivo de la fuerza en situaciones relacionadas con controles de orden público, y han provocado que miles de manifestantes, personas que arrojaban piedras, presuntos agresores y otras personas murieran o resultaran gravemente heridas con armas de fuego, cuando se podrían haber utilizado medios menos agresivos para evitar una amenaza o mantener el orden.

Grupos palestinos armados también han cometido crímenes de guerra durante estos conflictos y en otros momentos, incluidos ataques con proyectiles contra poblados israelíes. Entre el comienzo de la primera Intifada en diciembre de 1987 y fines de febrero de 2017, los ataques perpetrados por palestinos causaron la muerte de, al menos, 1.079 civiles israelíes, según la organización de derechos humanos israelí B’Tselem.

Las investigaciones oficiales israelíes sobre los presuntos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante los conflictos de Gaza y en situaciones relacionadas con el orden público no han logrado castigar a los autores de los abusos, salvo raras excepciones. Las autoridades palestinas tampoco han investigado los abusos ni han hecho que los responsables rindan cuentas.

Asentamientos ilegales
Desde 1967, las autoridades israelíes facilitan el traslado de su población civil al territorio ocupado de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, en violación del Cuarto Convenio de Ginebra. En 1967, Israel estableció dos asentamientos en Cisjordania: Kfar Etzion y Talpiot Este; para 2017, Israel contaba ya con 237 asentamientos allí, con aproximadamente 580.000 personas. Israel aplica la ley civil israelí a los colonos, y les brinda garantías legales, derechos y beneficios que no se extienden a los palestinos que viven en el mismo territorio y, en cambio, están sujetos a la ley militar israelí. Israel proporciona a los colonos infraestructura, servicios y subsidios que niega a los palestinos, y esto genera y mantiene un sistema de derecho, normas y servicios separado y desigual.

Desplazamiento forzado
Las autoridades israelíes han expropiado miles de acres de tierras palestinas para los asentamientos y su infraestructura de apoyo. Engorrosos requisitos discriminatorios, como el hecho de que es prácticamente imposible para los palestinos obtener permisos de edificación en Jerusalén Oriental y en el 60 % de Cisjordania que está bajo el control exclusivo de Israel (Área C), en la práctica han obligado a los palestinos a abandonar sus casas o a construir exponiéndose al riesgo de que sus estructuras “no autorizadas” sean derrumbadas con topadoras. Durante décadas, las autoridades israelíes han demolido viviendas alegando que no tenían permisos, aunque la legislación sobre ocupación prohíbe la destrucción de propiedades excepto por necesidad militar, o las han destruido punitivamente como castigo colectivo contra familias de palestinos sospechados de atacar a israelíes.

Israel también ha excluido en forma arbitraria a cientos de miles de palestinos de su registro de población, y ha limitado así su posibilidad de vivir en Cisjordania y Gaza, y viajar desde estos lugares. Las autoridades israelíes han justificado estas acciones invocando consideraciones generales de seguridad, pero no han llevado a cabo evaluaciones individuales ni argumentado que las personas excluidas representaban una amenaza. Israel también revocó la residencia de más de 130.000 ciudadanos palestinos en Cisjordania y de 14.565 en Jerusalén Oriental desde 1967, aduciendo principalmente que habían estado fuera del territorio demasiado tiempo.

Cierre de Gaza y restricciones injustificadas a la circulación en Cisjordania
Durante los últimos 25 años, Israel ha reforzado las restricciones a la circulación de personas y mercancías desde y hacia la Franja de Gaza de maneras que exceden ampliamente cualquier necesidad concebible de la seguridad israelí. Estas restricciones afectan prácticamente cada aspecto de la vida diaria, separan a las familias, restringen el acceso a la atención médica y las oportunidades de educación y económicas, y perpetúan el desempleo y la pobreza. El año pasado, el PBI de Gaza era un 23 % más bajo que en 1994. El 70 % de la población de 1,9 millones de personas de Gaza depende de asistencia humanitaria.
Israel también ha impuesto serias restricciones a la libertad de circulación en Cisjordania, aplicadas mediante retenes dentro de Cisjordania y en las fronteras con Israel. La barrera de separación de Israel, construida supuestamente solo para fines de seguridad, en la práctica divide a Cisjordania mucho más de lo que se extiende a lo largo de la Línea Verde que separa Cisjordania de Israel, contrariamente a lo estipulado por el derecho internacional humanitario, según lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2004.

Detención abusiva
Las autoridades israelíes han encarcelado a cientos de miles de palestinos desde 1967, en su mayoría tras juicios en tribunales militares que tienen una tasa de condenas cercana al 100 %. A su vez, en promedio, cientos de personas cada año han sido puestas en detención administrativa a partir de pruebas secretas, sin ser acusadas o sin haber tenido un proceso judicial. Algunas fueron detenidas o encarceladas por participar en activismo no violento. Israel también encarcela a detenidos palestinos de Cisjordania y Gaza dentro de Israel, lo cual supone un enorme obstáculo para las visitas de familiares y viola el derecho internacional, que exige que estas personas sean mantenidas dentro del territorio ocupado. Muchos detenidos, incluidos niños, enfrentan duras condiciones y maltrato.

La Autoridad Palestina, desde su creación en 1994, y Hamás, desde que se convirtió en la autoridad de facto en Gaza en 2007, han detenido en forma arbitraria a disidentes, aplicado torturas y malos tratos a detenidos y, según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, han ejecutado a 41 personas aplicando la pena de muerte dictada en procesos penales con graves irregularidades.

El derecho de ocupación, concebido para regular la situación excepcional y temporal en la que una potencia militar extranjera desplaza al soberano legítimo y gobierna por la fuerza, otorga a un ocupante amplias atribuciones, aunque con cierto límite, para restringir a las personas y sus derechos, por motivos de seguridad.

Sin embargo, en una ocupación prolongada en la cual los ocupantes tienen la oportunidad de desarrollar respuestas mejor adaptadas a las amenazas de seguridad, las excepciones a las garantías de derechos deben ser reducirse y la balanza debe inclinarse para favorecer el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos fundamentales de la población. Asimismo, la obligación del ocupante de restablecer la vida civil normal de la población local aumenta con el paso del tiempo, al igual que sus obligaciones de materializar en forma progresiva los derechos sociales, económicos y culturales de los residentes del territorio ocupado.

Tras décadas de no poner freno a los abusos asociados con la ocupación, la comunidad internacional debe tomar medidas más activas para exigir que las autoridades israelíes y palestinas observen sus obligaciones conforme a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otros países y empresas deben cesar en las actividades que desarrollan en los asentamientos y modificar las políticas que posibilitan las actividades e infraestructuras relacionadas con los asentamientos, conforme lo exigen sus respectivas responsabilidades en materia de derechos humanos.

Los gobiernos deben utilizar su incidencia para persuadir a Israel de poner fin a la prohibición generalizada de viajes que rige para los palestinos desde Gaza y permitir la libre circulación de personas y mercancías desde y hacia Gaza, sujeto a evaluaciones de seguridad individualizadas e inspecciones físicas. La Corte Penal Internacional debe iniciar una investigación formal de los graves delitos internacionales cometidos en Israel y Palestina, tanto por israelíes como por palestinos. 

“Cincuenta años de ocupación y décadas de un proceso de paz infructuoso deberían desterrar la idea de que menospreciar los derechos humanos facilitará la negociación de una solución al conflicto”, manifestó Whitson. “Se necesita con urgencia una acción concertada a favor de los derechos y la rendición de cuentas, incluso a través de la Corte Penal Internacional”.

Con motivo del quincuagésimo año de ocupación, Human Rights Watch ha puesto a disposición publicaciones en línea de los años ochenta y de principios de los años noventa

Comunicado firmado por Human Rights Watch

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